El pasado mes de Diciembre de 2013 se aprobó en el
parlamento la llamada ley LOMCE, que es en realidad una reforma de la anterior
LOE ( ley orgánica de educación ) propuesta por el ministro de educación del PP
José Ignacio Wert en el año 2012. Una reforma que como se ha podido ver, no ha
estado exenta de polémica ni falta de aprobación por parte de los ciudadanos,
entre los que me incluyo a mí misma , por la falta de coherencia entre las
medidas y los objetivos , que según el ministro Wert son: reducir la tasa
de abandono escolar temprano , disminuir el paro juvenil , fomentar el
plurilingüismo y mejorar los resultados académicos .
El primero de los factores que ha causado una gran
polémica fue la propia votación en el parlamento para aprobar la ley, ya que sólo
fueron del PP los votos a favor, quienes se beneficiaron de tener la mayoría de escaños para llevarse el gato al
agua. El modo en que se aprobó esta ley, por lo tanto, no respeta el sistema democrático
que se supone que es nuestro Estado, y lo que es más, aumenta la tensión e
inestabilidad política. De hecho, comunidades autónomas como el País Vasco,
Andalucía y Asturias se muestran reacias a admitir las medidas, apelando a la
falta de tiempo para llevar a cabo los cambios necesarios y , sobre todo, la
falta de consenso previo con los consejeros de educación de las provincias.
Uno de los cambios
que se implantarán serán los exámenes externos al final de cada etapa
escolar, (primaria, secundaria y bachiller ) que el alumno deberá aprobar
para pasar a la siguiente . Un cambio que evidentemente no corresponde al
objetivo de evitar el abandono escolar temprano, ya que supondrá un reto para
los alumnos, sobre todo para aquellos que tengan dificultades para aprobar el
curso, que si suspenden el examen lo tomarán por un fracaso y serán más
propensos a abandonar los estudios. Por consiguiente, también aumentará la tasa
de paro juvenil, ya que no hay suficientes puestos de trabajo en los que no se exijan
altas cualificaciones escolares.
Por otra parte, según concreta la nueva normativa, estos
exámenes externos serán diseñados por el Estado, lo que contribuirá a reducir
las diferencias en cuanto al nivel educativo entre las comunidades autónomas (apreciables
en los informes PISA) y supondrá, por decirlo de alguna manera, la centralización
educativa del país. Sin embargo, fuera de este grupo, formado por las
denominadas asignaturas troncales, quedan los exámenes de las lenguas
cooficiales, que se han concretado como asignaturas de libre configuración autonómica,
es decir, la administración de estas queda exclusivamente en manos de la
comunidad autónoma correspondiente. Esta medida atenta contra el objetivo de
fomentar el plurilingüismo, dado que la regulación del gobierno sobre estas
asignaturas les daría más apoyo y estabilidad que si quedaran solamente en
manos de las comunidades autónomas, y el simple hecho de esa distinción
constata el menosprecio y la infravaloración de las lenguas cooficiales por
parte del gobierno .
Finalmente, cabría
añadir el impacto económico que supondrá la implantación de la ley, que según el
propio ministro Wert, tendrá un coste de aproximadamente cuatrocientos millones
de euros que serán extraídos del FMI. Esto generará, evidentemente, un gran
aumento de la deuda fiscal del Estado y agravará la crisis económica que, en
vista de las inapropiadas decisiones del gobierno, está lejos de finalizar. Asimismo,
Wert prometió en su día que aumentaría el presupuesto del estado en educación
pública, adjudicando a su vez la culpa de los bajos resultados académicos a la
mala calidad de los profesores en los centros de educación públicos. Sin
embargo, está demostrado, como en Finlandia, que no por ser mayor el gasto en
educación se consiguen mejores resultados, sino que el éxito académico de los
alumnos se consigue dando una mayor autoridad, respetabilidad y mejor
preparación profesional a los profesores, en vez de criticarlos por los malos
resultados de sus alumnos e intentar compensar esa crítica con un aumento de
sueldo.
Afortunadamente, Wert
no cumplió su propósito de aprobar la ley en el año 2012 , por lo que no se
pudieron implantar las reformas para el actual curso 2013- 2014, evitando así
las consecuencias que supondrían para nosotros. No obstante, ningún estudiante debe
mantenerse al margen de esta polémica, ya que directa o indirectamente, tarde o
temprano, es algo que nos afectará a todos. Debemos luchar para que nuestra educación
vaya a mejor y así, en un futuro, poder tener personas en las que realmente se
pueda confiar para dejar en sus manos algo tan importante como la formación de
los jóvenes.
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